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El 27 de marzo, extremistas asesinaron a 11 cristianos en un ataque a la comunidad agrícola de Ruwi B2, en el condado nigeriano de Bokkos. Este crimen refleja la inseguridad crónica que enfrentan las minorías religiosas en Plateau, donde la violencia sectaria es recurrente.

Entre las víctimas hubo una familia completa, incluyendo una mujer embarazada y una niña de 10 años. Los sobrevivientes vinculan a los agresores con militantes fulani, grupo acusado de ataques previos a comunidades cristianas.

El ataque ocurrió durante un velorio a un anciano de 87 años, interrumpiendo un acto de duelo colectivo. Durante 45 minutos, los extremistas sembraron terror, dejando a la comunidad traumatizada y doliente.

Tajot Stephen Alexander, residente de Ruwi, relató a la CPI cómo los militantes sorprendieron a la comunidad de noche, masacrando a sus vecinos.

“Perdimos vidas valiosas, incluida una madre y su bebé por nacer”, declaró, subrayando la brutalidad del hecho.

Los residentes exigen medidas concretas tras años de promesas incumplidas. Aunque el ejército y fuerzas de seguridad estaban desplegados cerca, su presencia no evitó la masacre.

La CPI cuestiona la preparación de las autoridades, especialmente tras advertencias de violencia durante la Cuaresma que fueron ignoradas.

Amnistía Internacional Nigeria responsabilizó a las autoridades por su “inacción” ante patrones de violencia predecibles.

“La negligencia estatal expone a comunidades enteras a masacres evitables”, denunció la organización.

El gobernador Caleb Mutfwang calificó el ataque como “acto bárbaro” y prometió justicia. En un comunicado, reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en Plateau, aunque las comunidades desconfían de promesas similares incumplidas en el pasado.

Nigeria ocupa el séptimo lugar en la Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas, que monitorea la persecución cristiana destacando la necesidad de presión internacional para frenar la violencia sectaria que ya es una crisis humanitaria.


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